Hoy, el Senado comienza a debatir en plenario de comisiones la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, impulsada por el Gobierno de Milei. La ley vigente data de 2010 y el proyecto propone cambios profundos en tres ejes principales: las internaciones involuntarias, el tratamiento de adicciones y el rol de los psiquiatras.
El punto más caliente es el de las internaciones sin consentimiento. Hoy solo se permiten bajo el criterio de “riesgo cierto e inminente”. La reforma lo reemplaza por “riesgo grave de daño para la vida o integridad física de la persona o de terceros”, un concepto más amplio que ampliaría los casos en que alguien puede ser internado sin quererlo. El proyecto mantiene que la internación debe seguir siendo un último recurso y exige notificación judicial en 24 horas.
El otro cambio fuerte es incorporar formalmente las adicciones dentro de la salud mental, habilitando dispositivos específicos de tratamiento. Y además le da más peso al psiquiatra en las decisiones clínicas, modificando el esquema interdisciplinario actual.
