El Gobierno presentó en las sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto para modificar la Ley de Protección de Glaciares, redefinir los criterios de aplicación de la norma, fortalecer el rol de las provincias en la evaluación ambiental y eliminar la “inseguridad jurídica” que habría paralizado inversiones.
El texto busca que la protección se centre en glaciares con función hídrica efectiva y promueve un “federalismo ambiental” que reconozca el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
La reforma responde a reclamos de las provincias integrantes de las Mesas del Litio y del Cobre, que habían señalado que la ley actual condicionaba el aprovechamiento de sus recursos.
