El gobierno mandó a la Legislatura un proyecto que busca achicar la masa salarial del Estado, cayéndole a los agentes de planta permanente de la administración pública provincial y de los poderes Legislativo y Judicial que no sean “indispensables”: o sea, policías, médicos, enfermeros, docentes y otros casos particulares.
Uno de los borradores asegura que quienes se sumen a la abstención del débito laboral podrán suspender sus labores por hasta cinco años, percibiendo el 60% de su salario durante ese período, con aportes jubilatorios calculados sobre el 100% del haber.
Mientras que quienes elijan el retiro voluntario recibirán una indemnización equivalente a un salario por cada año de antigüedad.
