El Gobierno dio un giro en su política sobre productos con nicotina y oficializó un nuevo marco regulatorio: hasta ahora existía un esquema restrictivo que prohibía la venta de vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina, pero el mercado igual existía, crecía y operaba sin ningún control sanitario ni fiscal.
Entonces, como quedó chequeado que la prohibición no funcionó, el Estado decidió entrar a regularlo.
El nuevo sistema no es una liberalización total sino un régimen de control: ahora todos los productos deberán tener registro obligatorio con declaración detallada de su composición, cumplir estándares de calidad y tener trazabilidad completa desde la fabricación hasta la venta. Además se establecieron límites de nicotina, se prohíbieron determinadas sustancias y se creó un esquema de tributación específico por categoría.
